El acceso a los tratamientos de fertilidad públicos en España

Hace unas semanas se ha conocido la condena a la Comunidad de Madrid y al Hospital Fundación Jiménez Díaz por denegar el acceso a la reproducción asistida a una pareja de lesbianas que solicitó los tratamientos a través de la Seguridad Social. El revuelo ha sido mayúsculo (con razón), tanto, que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, no tardó en anunciar la ampliación de estos derechos en la cartera pública madrileña para todas las mujeres, sin importar su estado civil o su orientación sexual.

Hace unas semanas se ha conocido la condena a la Comunidad de Madrid y al Hospital Fundación Jiménez Díaz por denegar el acceso a la reproducción asistida a una pareja de lesbianas que solicitó los tratamientos a través de la Seguridad Social. El revuelo ha sido mayúsculo (con razón), tanto, que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, no tardó en anunciar la ampliación de estos derechos en la cartera pública madrileña para todas las mujeres, sin importar su estado civil o su orientación sexual.

Con esta medida la dirigente popular contradice a la exministra Ana Mato, quien en 2013 limitó los tratamientos de fertilidad del sistema público a las mujeres menores de 40 años con problemas para lograr un embarazo espontáneo o cuyas parejas masculinas presentaran dificultades para el mismo fin. Las críticas a esta revisión de los servicios públicos, que frenaba el acceso a determinados sectores sociales, no fue bien vista por otras Comunidades Autónomas españolas, como Andalucía, Asturias o el País Vasco.

El entonces consejero asturiano de Sanidad, Faustino Blanco, aseguró que la medida de Mato "restringe derechos". Por su parte, María Jesús Montero, a la cabeza de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en ese momento, manifestó que tal revisión de los tratamientos se hizo por “criterios puramente ideológicos” y lamentó la visión “bastante local y parcial” de la salud. El responsable del ramo en el gobierno Vasco, Jon Darpón, se pronunció en la misma línea que sus homólogos citados y apeló a la “diversidad de las familias”.

Ana Mato justificó su decisión e intentó sortear las críticas afirmando que “la falta de varón no es un problema médico”. En todo caso, no sólo dirigentes de otros colores políticos manifestaron su disconformidad con la restricción, también lo han hecho ya líderes de su propio partido, como es el caso de Cifuentes en la comunidad de Madrid.

Otra región que se ha posicionado recientemente al respecto es la Valenciana. La consejera de Sanidad Carmen Montón ha devuelto el acceso a los tratamientos de fertilidad a las mujeres solteras y homosexuales que no tienen pareja masculina, pero sienten el deseo de ser madres.